Este proyecto innovador de investigación examinará el acceso de las mujeres a la justicia en América Latina, con un enfoque particular sobre el impacto de las Comisarías de la Mujer (CM). Desde la inauguración de la primera CM en São Paulo, Brasil en 1985, ahora se encuentran en más de 13 países latinoamericanos, mientras más países ofrecen otros servicios policiales especializados. En una región donde la mayoría de los países tienen leyes sobre la violencia doméstica y sexual, pero pocos tienen servicios estatales o políticas públicas especializadas, las CM han estado en la delantera en los esfuerzos para fortalecer el acceso a la violencia y eliminar la violencia contra las mujeres.

Son respuestas concretas a las demandas del movimiento de mujeres tanto como las obligaciones nacionales e internacionales de los estados adquiridos a través de leyes y convenciones, tales como la CEDAW y la Convención Inter-Americana para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra la Mujer (Belén do Pará). Las CM han incrementado de popularidad a través de la región: más países ofrecen estos servicios, más CM siguen siendo abiertas en países donde ya existen y las denuncias en las CM incrementen anualmente de promedio. Ellas brindan servicios especializados, sus operadores/as, muchas siendo mujeres, reciben capacitación especial y – dependiendo del modelo – coordinando con otros centros e instituciones para brindar servicios legales, médicos y psicológicos. Muchas de las mujeres que utilizan estos servicios son pobres o marginalizadas, quienes de otra manera no tendrían acceso a servicios policiales u otros especializados y tendrían que enfrentar la posibilidad de la revictimización con policías no especializados, si deciden poner una denuncia. Las CM eran uno de los primeros mecanismos estatales para abordar la violencia contra las mujeres y siguen siendo la puerta de entrada más importante para el acceso a la justicia.

Sin embargo varios asuntos han sido planteados alrededor del impacto de las CM. En primer lugar, los pocos estudios de impacto realizados ya tienen más de diez años y ningún estudio regional jamás ha sido hecho. Sin embargo, numerosos estudios nacionales y locales demuestran que a pesar de las obligaciones que tienen los Estados con respecto a la protección y defensa de los derechos de las mujeres, ciertos aspectos de las CM crean obstáculos a su plena implementación. Muchas veces estas barreras son expresadas a través de concepciones del acceso a la justicia que subordinan los derechos de las mujeres a los supuestos valores familistas. Estas concepciones pueden ser manifestadas en mandatos institucionales o legales, protocolos de servicios, la capacitación especializada brindada a operadores/as de las CM y otras instituciones, también las actitudes de estos/as operadores/as, al igual que las de las usuarias mismas y otros actores que brindan servicios. Asuntos institucionales también son relevantes, por ejemplo recursos financieros, humanos y materiales apropiados y suficientes. La cobertura geográfica limitada de las CM, en términos de en zonas rurales y la falta de servicios especializados donde no hay CM, implica que no todas las mujeres tienen acceso a estos servicios. Un asunto de mucha preocupación son los límites a la existencia y sostenibilidad de la coordinación inter-sectorial para asegurar que servicios integrales son brindados a mujeres en situación de violencia, que sea en la CM misma y/o en coordinación con otros actores estatales o de la sociedad civil, los cuales han sido definidos como buenas prácticas. Finalmente, a pesar de una importante acumulación de experticia, han habido pocos intercambios entre los países tanto dentro y entre los diferentes sectores para mejorar políticas, leyes y servicios en la materia.

El objetivo general de este proyecto de investigación es de realizar un estudio comparativo sobre las Comisarías de la Mujer (CM) sobre el acceso a la justicia de sobrevivientes de la violencia contra las mujeres y el ejercicio y el respeto por sus derechos a fin de hacer propuestas para mejorar la política pública en este sector. Este proyecto de dos años está siendo implementado en países diversos con la mayor experiencia con las CMN: Brasil, Ecuador, Nicaragua y Perú.

El marco analítico y la metodología son basados en un análisis de género y poder y un enfoque donde mujeres en situaciones de violencia están colocadas en el centro. Por ende, la eficacia de las CM y los otros servicios será valorada con base en sus aportes al mejoramiento del acceso a la justicia de las mujeres y la erradicación de la violencia en sus vidas, en lugar de tomar una perspectiva institucional. La investigación será llevada a cabo en una localidad en cada país, tomando en cuenta las políticas, la incidencia, debates, etc. al nivel nacional. Un ejercicio preliminar de mapeo será realizado para identificar las diferencias entre los modelos, valorar los análisis existentes y pulir la metodología. Una encuesta poblacional será realizada con mujeres para identificar sus conocimientos y percepciones de sus derechos, la violencia contra las mujeres y los servicios disponibles, particularmente las CM.

Seguirá estos compontes una investigación cualitativa profundizada con usuarias de las CM, operadore/as de las CM, la policía y otros actore clave, incluyendo actores estatales (del sector judicial y el ministerio de la mujer) y organizaciones de la sociedad civil que brindan servicios y abogan por los derechos de las mujeres. La participación de los actores clave a lo largo del proyecto será fundamental para su retroalimentación acerca del proceso de investigación y también para impulsar su apropiación de los hallazgos de la investigación y las propuestas para mejorar las política públicas. El protocolo ético del proyecto enfantizará: la seguridad de las informantes y las investigadoras, la confidencialidad de la información, la rigurosidad científica y la creación de beneficios.

Los resultados de la investigación contribuirán a mejorar las políticas públicas en el sector. Materiales nacionales y regionales comparativos serán publicados para documentar los hallazgos, analizar el impacto, identificar buenas prácticas y hacer propuestas para políticas públicas más efectivas. Los productos incluyen: mapeos, informes de la encuesta y estudios finales que analizan y comparan toda la investigación cualitativa y cuantitativa. Los actores clave participarán en foros nacionales y regionales para debatir los hallazgos y contribuir a la definición de propuestas. Estos documentos y otras informaciones estarán disponibles en versión impresa, en CD y en el sitio web del proyecto, en español, portugués e inglés.

Los centros de investigación principales son centros académicos y no gubernamentales reconocidos por sus estudios sobre la violencia contra las mujeres y los derechos de las mujeres, tanto como las Comisarías de las Mujeres. Ellos son: el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán y el Movimiento Manuela Ramos (Perú), el Núcleo de Estudios de Género de la Universidad de Campinas (PAGU/UNICAMP – Brasil), InterCambios/PATH (Nicaragua) y el Centro de Planificación y Estudios sociales (CEPLAES – Ecuador). Otras instituciones que colaboran activamente en este proyecto son el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe (CERLAC) a la Universidad York (Toronto, Canadá), la Universidad de San Francisco (USA) y la Universidad de Coimbra (Portugal). Las investigadoras y los centros han estado colaborando en esta temática por más de cinco años.

El donante principal de este proyecto es el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Desarrollo (IDRC) y fondos para otras actividades han sido proporcionados por la Fundación Ford (Brasil), UNIFEM (Ecuador), la Universidad York y la Universidad de San Francisco.

Este proyecto propone valorar, comparar y diseminar aprendizajes sobre los aportes de las Comisarías de las Mujeres y servicios vinculados para mejorar su eficacia y el impacto, no solamente para cumplir con las obligaciones del Estado y para responder a las demandas del movimiento de mujeres, sino también para que las mujeres puedan mejorar su acceso a la justicia y poner fin a la violencia en sus vidas.